En su comparecencia a la Cámara, también denunciaron las condiciones de trabajo que enfrentan por falta de personal y recursos
Aunque reconocieron nunca haber sido víctimas de amenazas, miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Salinas informaron en una vista cameral que han recibido llamadas y mensajes de textos intimidantes que relacionan con las intervenciones a invasores ilegales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.
Personal de la Unidad Marítima junto con el biólogo Milton Muñoz comparecieron este miércoles al segundo día de audiencias públicas que celebra la Comisión de Recursos Naturales, presidida por Edgardo Feliciano Sánchez, para investigar el alegado crimen ambiental cometido en la zona de la reserva.
Precisamente, Muñoz afirmó que, tras una intervención realizada en febrero de 2016, recibió una llamada telefónica en la cual una persona le requirió no intervenir más con las personas que estaban creando estructuras ilegales en la zona de la reserva. Según Muñoz, la llamada surgió unos días después de interceder con un empleado de construcción que estaba edificando un pozo séptico en el Camino del Indio, área que ya había sufrido una tala de mangle que alcanzaba sobre 2,200 metros cuadrados.
El biólogo narró para el récord legislativo que, luego de intervenir con el individuo, le entregó una tarjeta de trabajo y su número de teléfono personal, con el propósito de orientar al dueño de la empresa sobre “qué podía hacer o no hacer en esa zona”. Por tal razón, ató la llamada intimidatoria que recibió desde un número desconocido con ese suceso.
“Básicamente decía: ‘Déjenos quietos. Déjenos tranquilos’, y dándole un mensaje al sargento Colón de que no interviniese con las personas. Yo puedo creer que se derivó de esta situación”, confirmó.
Muñoz indicó a preguntas de Feliciano Sánchez que nunca acudió al Negociado de la Policía para denunciar la llamada. Por su parte, el sargento Ángel Colón, supervisor del Cuerpo de Vigilantes, sí recurrió a las autoridades cuando en 2015 recibió un mensaje de texto que describió como amedrentador.
Sin embargo, desistió de hacer una denuncia al decidir posteriormente que podía manejar la situación por su propia cuenta. Solo siete de las querellas que han sido radicadas por el DRNA relacionadas con las construcciones ilegales en la reserva han sido iniciadas por Colón, quien además fue objeto de una moción de cese y desista sometida por invasores para que detuviera las intervenciones.
El agente afirmó en la vista pública que comenzó a realizar visitas e intervenciones en Camino del Indio desde que llegó a la agencia en 1994. Mientras, defendió el trabajo que ha efectuado el Cuerpo de Vigilantes para “llegar a estos casos”.
“Es bien importante que se vea que nosotros siempre hicimos nuestros trabajo, y que llegamos hasta donde teníamos que llegar con estos casos. Pero las personas tienen que entender que son casos bien técnicos, y nosotros para sustentar estos casos tenemos que depender de otras personas en el Departamento, como biólogos, agrimensores, para llevar el caso bien documentado”, explicó.
“A veces esas personas que son técnicas no están disponibles. Nosotros completamos el caso, pero cuando lo llevamos a la División Legal, nos dicen: ‘Aquí hace falta el informe del agrimensor’. Como el Departamento tiene carencia de eso, a veces estamos esperando por un agrimensor un año o dos años”, abundó Colón.
El sargento denunció la escasez de recursos y personal con los que cuenta la Unidad Marítima de Salinas para continuar atendiendo los casos. La unidad solo tiene ocho agentes, cantidad que se redujo a siete tras la reciente muerte de un vigilante que atentó contra su vida el pasado 6 de abril.
Solo para el área de la extensa reserva, indicó Colón, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha recomendado que se asignen no menos de 12 vigilantes, lo cual no ha sido posible por la falta de presupuesto.
De igual forma, Colón advirtió que hace 10 años no reciben nuevo equipo de chalecos antibalas, lo que representa un riesgo para los agentes a la hora de realizar intervenciones.
Pocas consecuencias
El sargento impugnó en la vista pública que en 2015 el Cuerpo de Vigilantes multó a invasores ilegales de la reserva por $250,000, pero tres años más tarde un comité de transacción autorizado por la exsecretaria Tania Vázquez determinó reducir la infracción a $3,000.
Esta deducción, que representa una diferencia de $247,000, es una de las “muy pocas” consecuencias que han enfrentado los invasores de la reserva, señaló Colón. El oficial reclamó que esta determinación fue hecha por la División Legal del DRNA sin haber consultado con los agentes interventores.
“Hay cosas que desmoralizan a los trabajadores, y a nosotros, los oficiales de ley y orden. Porque si el cese y desista inicial tenía unas multas que rondaban los 250,000 dólares, estamos hablando de un cuarto de millón de dólares en multas, ¿cómo después de que pasen dos o tres años va a llegar una resolución diciendo que esas multas se bajaron nada más a 3,000 dólares?”, objetó.
A preguntas del representante Feliciano Sánchez, el Departamento de Justicia no respondió si el DRNA ha actuado eficientemente en el manejo de este caso. El licenciado Jadhiel Carrasquillo, abogado de la División de Cobro de Dinero de Justicia, afirmó que el flujo de información por parte de la División Legal del DRNA ha sido “efectivo” desde que comenzó a evaluar el caso en agosto de 2020.
El abogado dijo que la instalación de contadores ilegales de servicio de energía eléctrica y agua potable están bajo investigación criminal, pero dijo desconocer sobre acciones legales próximas a tomar por parte de Justicia.
Colón reclamó la intervención de la Legislatura para ayudar a evitar más crímenes ambientales en el área, como enmendar la ley del DRNA para que las multas sean más severas y estandarizadas, con el fin de que no puedan ser rebajadas una vez impuestas.
De igual forma, solicitó una mayor asignación de fondos legislativos para poder reclutar la cantidad de vigilantes necesarios y cambiar muchos de los equipos que están deteriorados.
“Necesitamos ayuda. Necesitamos equipo. Necesitamos personal”, manifestó el sargento.
El representante Feliciano Sánchez adelantó que comparecerán a la vista pública de mañana, jueves, el exsecretario del DRNA, Rafael Machargo, y la directora de la reserva, Aixa Pabón. La exsecretaria Vázquez también fue citada para la audiencia.
A petición de miembros de la comisión, serán citados a comparecer a una próxima vista pública el 27 de abril miembros de la Junta de Planificación de Puerto Rico, la exsecretaria Carmen Guerrero Pérez, y organizaciones comunitarias del área de Las Mareas que han solicitado deponer en el curso de la investigación legislativa.
